¡DAR LA VOZ A QUIENES MENOS TIENEN!

¡Sí a las retenciones pero que sirvan para eliminar el IVA a los alimentos y productos de primera necesidad y para aumentar el salario mínimo, las jubilaciones y los planes a los desocupados!

¡Por una Junta Nacional de Granos y un plan social de regulación del abastecimiento, del uso de la tierra y de los recursos naturales!

¡Por una canasta familiar completa, de calidad y de bajo costo!

El capital financiero internacional se ha apoderado de la producción rural y provoca a escala mundial una enorme carestía de los alimentos y, como consecuencia, hambrunas y motines del hambre. Ese mismo capital financiero y las grandes compañías transnacionales y exportadores de soja quieren sustituir la producción de alimentos en la Argentina y otros países exportadores por la producción de forrajes y combustibles vegetales, para que Estados Unidos y Europa occidental tengan el monopolio de la producción de alimentos y pongan al resto del mundo bajo su bota, utilizando el arma alimentaria.

El capital financiero, la burguesía terrateniente ligada a él y los sectores de ex arrendatarios y pequeños propietarios transformados por la soja en rentistas, se han sumado a esa política. Para ellos, lo único que cuenta es la ganancia y no el uso social de la producción, las necesidades de la gente, el interés de la mayoría, es decir, del país.

Quieren vender lo más caro posible, su bandera es la ganancia, el egoísmo extremo y por eso no vacilaron en derramar millones de litros de leche o en provocar desabastecimiento y carestía y no dudan en amenazar la siembra de trigo y de maíz y la cría de ganado, especulando con las necesidades alimentarias de las mayorías. La misma gente que hace trabajar en negro a los peones rurales y no les da ropa de trabajo, se niega a pagar un impuesto a sus ganancias extraordinarias con la soja.

Moviliza para eso la cultura conservadora y gorila y el odio racista a los “negros” de vastos sectores de las clases medias, al mismo tiempo que la protesta legítima de sectores más pobres contra la actitud autoritaria del gobierno. Puede hacerlo porque éste, aunque tiene mayoría absoluta en el Parlamento, lo ignora y decreta alegremente sin discusión previa ni transparencia, poniendo además en un mismo plano a los grandes sojeros y a los pequeños productores de las provincias más desventajadas mientras regala la renta petrolera a las empresas extranjeras, no cobra nada a las mineras, no toca las ganancias financieras ni a las grandes empresas transnacionales exportadoras de granos.

El bloque capitalista agrario tiene a su servicio la casi totalidad de los diarios y los canales televisivos, que desinforman, intoxican, mienten y fomentan la ignorancia. La disputa de fondo es si la Argentina debe ser un país para el 20 por ciento más rico de su población, dejando el resto en la desocupación y la pobreza, como en los ’90, o si hay que defender el poder adquisitivo de las mayorías, asegurando trabajo y alimentos baratos y de buena calidad para todos, exportando lo que sobre después de abastecer el mercado interno en todos los rincones del país.

La disputa es cada vez más sobre si las políticas económicas y las leyes las deben hacer unos pocos grupos de intereses, a espaldas de todos y contra todos, o deben hacerse en los organismos estatales fijados por la Constitución Por eso exigen del Estado que se rinda y anule las retenciones.

El modelo sojero fue impulsado y fomentado por las administraciones kirchneristas. El gobierno ha contado con la soja para pagar una deuda interna creciente, con intereses ligados a la inflación (por eso el INDEC da cifras falsas, para esconderla), dejó que la soja se extendiese por todo el Norte y arruinase en todas partes los suelos y se “comiese” campesinos, pueblos, cultivos alimentarios, el ganado. No es cierto que pensaba en la redistribución de la riqueza: tuvieron que pasar más de dos meses de cortes y de desabastecimiento urbano para que la presidenta improvisase un destino para las retenciones y un mes más para que se viese obligada a mandar su decreto al Parlamento, que controla pero donde no quiere que se discuta porque de todos modos se filtrará ahí la presión popular y algún diputado podría denunciar negociados o complicidades y formular proyectos, como la creación de una Junta de Granos u otros, que vayan más lejos de lo que quiere el gobierno y lo obligue a chocar con el capital y las transnacionales apoyadas por Washington.

Por eso la mayoría de la población no está convencida de lo que dice el gobierno ni está segura que las retenciones serán aplicadas para hacer hospitales, viviendas populares y caminos sin que surjan clientelismos ni aparezcan fenómenos de corrupción porque ve que los hospitales ya existentes carecen de instrumentos, las escuelas no tienen gas y están en pésimas condiciones, los ferrocarriles caen a pedazos mientras va adelante el escandaloso proyecto del Tren Bala para unos pocos y para el capitalismo francés.

Además ven la suavidad el trato de la gendarmería a los piquetes rurales que hambreaban al país, en contraste con la brutal represión y el apaleo de pobres de La Quiaca por el gobernador opficialista de Jujuy. No se trata, por consiguiente, de un choque entre “la reacción” (aunque el bloque rural sea reaccionario) y un gobierno supuestamente “progresista” (aunque el principio de las retenciones sea correcto). Ambos defienden distintos proyectos capitalistas, pero ni es igual para las mayorías que gane uno u otro ni los trabajadores pueden permanecer ajenos a un conflicto donde ellos pagan los costos y donde está en juego no sólo su alimentación y su nivel de vida sino también y sobre todo el destino del país.

Por eso los trabajadores y la mayoría no capitalista de la población debemos discutir y resolver en asambleas, en las fábricas y lugares de trabajo, en los centros de estudio, en los barrios la imposición de medidas de salvaguardia de nuestros intereses y de control de las políticas de abastecimiento.

Aplicación de la Ley de Abastecimiento que permite fijar y controlar los precios y establece duras sanciones para los que pretendan dejarla sin efecto.

Cambiar la orientación del sistema impositivo, que ahora se basa en los impuestos indirectos –como el IVA – a los consumos masivos y hace que paguen más, proporcionalmente, los que menos tienen y gastan casi todos sus ingresos en alimentos, medicinas y productos de primera necesidad. Hay que eliminar el IVA sobre esos rubros y el impuesto sobre los salarios, que no son ganancia sino magra retribución del trabajo productivo, destinando las retenciones a las rentas extraordinarias y los impuestos que hay que poner a la minería, a los petroleros, a los financieros, a las grandes ganancias, para aumentar el salario mínimo y las jubilaciones y dar trabajo a los aún desocupados. Para una canasta familiar de con productos de calidad ya bajo costo.

Regular la producción según las necesidades del consumo popular mediante una Junta Reguladora de Granos que dé al Estado, y no a las transnacionales sojeras, el control de las rentas extraordinarias.

Elaborar un plan independiente, obrero y popular de desarrollo del país.

Por esto convocamos a todos a preparar un Plenario Nacional, abierto y pluralista, donde los trabajadores y sectores populares comiencen a discutir cómo tomar en sus manos su propio destino.

Otro camino para superar la crisis

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