Comunicado del Frente Nacional Campesino

Comunicado de repudio del FNC – Santiago del Estero ante la posible designación como fiscal federal a Pedro Eugenio Simón

Es bien sabido que, de un tiempo a esta parte, nuestros montes y tierras comenzaron a ser muy codiciados por diversos sectores económicos, especialmente por los nuevos barones de la soja. Ellos encontraron en Santiago del Estero un terreno propicio para impulsar sus negocios (el proceso de “cambio climático” y de “ciclo húmedo” hicieron más viable aquí la agricultura). Y también descubrieron una clase gobernante y política que no tendría problemas en beneficiarlos. “La política se subordina a la economía”, suelen decir. Y Santiago parece no ser la excepción a esta fórmula. La expansión y profundización en nuestra provincia del modelo de producción basado en el monocultivo de la soja tuvo como principal sostén institucional a los gobernantes, funcionarios y políticos locales, sean radicales o peronistas. Veamos:

El martes 26 de septiembre de 2000, cuatro años después de haberse aprobado y comenzado en Argentina la producción de la soja transgénica, la justicia y el parlamento del entonces gobierno juarista se adecuaron a este proceso de expansión de la frontera agrícola. Para ello impulsaron y aprobaron la incorporación del artículo 182 bis (“Ley de desalojos”) al ordenamiento procesal penal de la provincia. Ley que permite el desalojo inmediato, como medida cautelar, de comunidades campesinas e indígenas de nuestra provincia; acusadas así de “usurpación de propiedad”. Esto ante el simple pedido de un supuesto titular de la propiedad y con el único requisito para la justicia de que el derecho invocado “fuere verosímil”, es decir, que al juez le parezca “verdadero”. Y sabemos que en Argentina, mucho menos en nuestra provincia, los jueces no se destacan justamente por su “imparcialidad”. Pero con este movimiento el juarismo sólo plasmó en el Derecho algo que hace tiempo venía sucediendo de hecho, y que a partir de entonces se intensificaría al ritmo de la sojización: el desalojo de los campesinos pobres de nuestra provincia.

Ahora bien, ya superado el juarismo y con el actual gobierno del Frente Cívico, emblema del “Consenso y la Democracia” en nuestra provincia, la cosa no parece haber cambiado mucho para los campesinos. Esta ley había sido parcialmente derogada (9 de octubre de 2004) durante la Intervención Federal que sucedió a la caída de Juárez. Pero será desempolvada en la primera gobernación de Gerardo Zamora, cuando asume como diputado provincial el abogado Pedro Eugenio Simón, quien presenta un proyecto de ley para reincorporar el artículo 182 bis y es aprobada con la mayoría oficialista del Frente Cívico (6 de diciembre de 2005).

Ciertamente no se puede afirmar que Simón sea un “representante” o defensor de los intereses de los humildes y los desprotegidos. Perteneció orgullosamente al estudio jurídico de Sechi-Retondo de Spaini, que en tiempos de Los Juárez desalojaba campesinos de sus tierras; entre ellos el más resonante y escandaloso de la familia Quiñones, en el Lote 41 de Los Juríes. En un programa televisivo a nivel nacional el diputado fue abordado por el periodista Tognetti y en una actuación patética reconoció el desalojo que había realizado personalmente a una familia campesina del sudeste santiagueño, ejerciendo su calidad de diputado provincial y Vice- Presidente de la Cámara de Diputados. Como se puede ver, llegó a ser la cuarta autoridad en la provincia de Santiago del Estero. A raíz del muy difundido escándalo registrado por el programa televisivo hubo algunos intentos de expulsión de la Cámara de Diputados de la provincia pero, amparado por sectores vinculados a los terratenientes sojeros, logró mantenerse como diputado provincial.

Los derechos de los campesinos e indígenas de nuestro Santiago del Estero fueron y continúan siendo violentados. Y tampoco se vislumbran buenos tiempos. ¿Por qué? Según consta en el sitio oficial del Senado de la Nación, ha ingresado un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional, en expediente Nº 72/09, solicitando acuerdo para designar Fiscal Federal de Primera Instancia de la provincia de Santiago del Estero a Pedro Eugenio Simón.

Es indudable que Simón ya demostró sobradamente su “idoneidad” a quienes impulsan su designación; pero si hay algo seguro es que no estará entre sus objetivos “afianzar la justicia” o “promover el bienestar general”, como dicta la Constitución Nacional. Los antecedentes de este abogado muestran que posee una ética más que dudosa y totalmente opuesta al bienestar general, especialmente de los campesinos pobres. Por ello su “currículum” es lo suficientemente amenazante e incita a preocuparse seriamente ante la posibilidad de su designación. Por eso los abajo firmantes repudiamos enérgicamente la postulación de este nefasto personaje al cargo de Fiscal Federal y exigimos inmediatamente su anulación.

Santiago del Estero, 11 de junio de 2009

Frente Nacional Campesino – Santiago del Estero:

Central Campesina Los Juríes – Dptos. Taboada y J. Felipe Ibarra;

Pueblo Diaguita Cacano en la Unión Solidaria de Comunidades (USC) –departamento Atamisqui;

Comunidad Campesina Grupo Itín – Dptos. Figueroa y Moreno;

Comunidades Campesinas de Bandera Bajada y Quimilioj – Dpto Figueroa;

Comunidad Campesina Santa Lucía – Dpto. Figueroa y Moreno.

Movimiento de solidaridad con el MoCaSE

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